El gulag de Franco
Organizada, así, la Intendencia, los militares prestaron también atención a otro de los «cuerpos» del ejército: la Sanidad. Era imperioso llevar a cabo serias medidas de profilaxis social y política para erradicar el morbo de España. El obispo de Vic, Joan Perelló, conocía, además, la técnica quirúrgica: «un bisturí para sacar el pus de las entrañas de España, verdaderamente corrompida en su cerebro y corazón, en ideas y costumbres».1 Ya había explicado cómo hacerlo durante la guerra uno de los jefes de prensa de Franco, el capitán Aguilera, decimoséptimo conde de Alba y Yeltes:
En épocas más sanas … las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles … Son una raza de esclavos … Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste … Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado.2
Al conde le encantaba escandalizar a ingleses y norteamericanos, Pero aun considerando sus grotescas exageraciones, sus palabras no dejan de poner de relieve el miedo y el odio que sentían los vencedores. Para poner en marcha tan sugestivo programa era preciso seleccionar a la población que había que exterminar para limpiar el país. La primera prioridad era deshacerse, de un modo u otro, de los prisioneros de guerra, aunque una buena parte ya estaba siendo exterminada en los campos de concentración y en las cárceles de Franco, así como en las calles y en las checas de Falange.
Los campos de concentración se habían propagado por toda España como una plaga bíblica y sus moradores significaban un enorme problema económico y político para los militares. «Han obligado a crear campos de concentración en todos los pueblos de la España nacional», se quejaba el atribulado coronel Martín Pinillos. En total, incluidos los provisionales, existieron 190 campos de concentración por los que pasaron entre 367.000 y 500.000 prisioneros de guerra.3 Los 116.000 prisioneros de la campaña de Cataluña fueron clasificados y pasaron a campos estables, principalmente a San Juan de Mozarrifar y a San Gregorio, en Zaragoza, pero el resto de prisioneros amenazaba con desbordar los campos de concentración de Andalucía y Extremadura que, bajo el virreinato de Queipo, se parecían mucho a la Cuba de Weyler, uno de los grandes inventores de los campos de concentración. Había en la zona, a finales de abril, unos 75.000 prisioneros. Sólo en el campo de Castuera se hacinaban en 70 barracones 10.000 prisioneros procedentes de las campañas del verano de 1938. Con los campos de la provincia de Badajoz, de Huelva y de Málaga desbordados, no hubo más remedio que crear nuevos campos en San Lúcar, Antequera, Ronda, Cádiz y Sevilla y, cuando ya no cupieron más, se habilitaron campos de concentración algo más lejos: en Valladolid, Falencia, Astorga, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Toro, Santiago de Compostela, la Puebla del Caramiñal, La Coruña, Mollerusa, Toledo…4
Pero, además, había que hacer frente a nuevos prisioneros: los que se habían tomado durante el hundimiento final de los ejércitos republicanos que eran, como mínimo, 45.000 en la zona centro, 60.000 en el sur y 35.000 en Levante. Esos 140.000 prisioneros (o 177.000 según las fuentes)5 de la «ofensiva de la Victoria» fueron llevados a campos provisionales de los cuerpos de ejército en Guadalajara, Teruel, Cuenca, Medinaceli, Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Múdela…
Cuando llegó el verano de 1939 y, con él, el calor, hubo que tomar medidas para reducir al máximo la población de los campos que en julio era todavía de 156.789 prisioneros, y en diciembre, tras varios meses de clasificaciones, libertades provisionales, licenciamientos, traslados a prisión y a batallones de trabajo, ejecuciones, suicidios y evasiones, aún se mantenía en 90.000, sin contar con otros 90.000 que estaban encuadrados en los 121 batallones de trabajo, y con unos 8.000 más que servían en fábricas y talleres militarizados. Hubo que desmantelar todos los campos provisionales abiertos durante la ofensiva final, así como muchos de los levantados durante la guerra, o reconvertirlos en prisiones militares.
Quedaron, sin embargo, algunos campos «especiales», como los de Miranda de Ebro y San Pedro de Cárdena, destinados a los extranjeros combatientes en las Brigadas Internacionales que, entre otros menesteres, fueron empleados en la reconstrucción del nuevo Belchite («vosotros habéis destruido Belchite y vosotros lo vais a reconstruir»), ya que el viejo se dejó en ruinas por voluntad expresa de Franco. En noviembre de 1939 quedaban aún 406 internos extranjeros y a mediados de 1942, 139, todos ellos en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que iba a servir, además, junto con los campos de Molinar de Carranza, el Balneario de Sobrón o Nanclares de Oca, para acoger a los millares de combatientes o prisioneros que huían de los campos de la segunda guerra mundial.6
En enero de 1940, la ICCP pasó a depender de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Ejército, que estaba al mando de un general de toda la confianza de Franco, Camilo Alonso Vega, que fue muchos años director de la Guardia Civil y, luego, ministro de la Gobernación. Los juzgados en consejo de guerra pasaron a formar parte de las Colonias Penitenciarias Militarizadas, de los destacamentos penales o de los de regiones devastadas, que dependían de tres ministerios: Ejército, Gobernación y Justicia. Los encausados penales y sentenciados a prisión pasaron a depender de la Dirección General de Prisiones, del Ministerio de Justicia, que dirigió hasta 1942 el acertadamente llamado Máximo Cuervo.
Los que fueron a parar a las cárceles de Franco -270.719 personas, según las cifras del Ministerio de Justicia- abarrotaron la red carcelaria española, que tenía capacidad para unos 20.000 internos. Se les hacinó en los penales, las prisiones centrales, las provinciales, las comarcales, las de cabeza de partido, los depósitos municipales, las granjas agrícolas y otros recintos penitenciarios.7
Un problema adicional para el Estado nuevo es que aún no se habían desgajado de los ejércitos o de las milicias de Falange los suficientes funcionarios de prisiones para gestionarlas. Hacia finales de 1939, en el castillo de Santa Bárbara, por ejemplo, que no tenía barrotes en las ventanas, no había más que tres funcionarios para custodiar a más de 1.700 personas, así que no es de extrañar que se sucedieran las fugas. Otro tanto ocurría en la cárcel de Berja, en Almería, donde las celdas rebosaban presos que había que acostar en los pasillos, con lo que no había más remedio que dejar abiertas las puertas de las celdas. Las paredes de la cárcel de Manresa eran tan endebles que los presos se fugaban agujereándolas. Y algo parecido sucedía en la de Terrassa o en la de Sant Elies, de Barcelona.
El colapso de la administración penal y judicial vino a socorrerlo el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, creado en octubre de 1938, a propuesta del sacerdote jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, gestionado por el padre Martín Torrent y el director general de Prisiones, el señor Cuervo. El «Patronato de la Merced» venía a encarnar la continuación «de las leyes de Indias, inspiradas por nuestros grandes teólogos», y funcionaba «con la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento».8 Para que los penados pudieran acogerse a las ventajas que les ofrecía el Patronato se construyeron nuevas cárceles en Asturias, muy cerca de las minas de carbón, así como destacamentos en León y el País Vasco, también cerca del carbón, o en Almadén, para trabajar el mercurio, en el Coto minero de Hellín, en el Pozo del Fondón, en Fabero, junto a las minas de estaño de Silleda… Los «rojos» pudieron también tomar parte en los principales proyectos de regadío de Franco: el canal de Montijo, en Extremadura, La Real Acequia del Jarama, la presa del Alberche o el desierto de los Monegros, gracias a la creación del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, instituido por la ley de 8 de septiembre de 1939 para ceder mano de obra penada a «entidades que contratan sus trabajos».
Como muchas de las obras imprescindibles para el nuevo Estado no eran rentables al precio de los salarios libres, se pensó en utilizar a los penados -y también a soldados de los batallones de trabajo como mano de obra forzada para las empresas que construían la línea férrea Madrid-Burgos, las que perforaban el túnel de Viella, las encargadas de la reconstrucción del templo de la Merced, en Barcelona, o de levantar el mausoleo de José Antonio y Franco en el Valle de los Caídos, en Madrid (adjudicado a las empresas Banús y San Román), o para empresas metalúrgicas como la Babcock 8c Wilcox, La Maquinista, Fundiciones del Ebro, etcétera.9
Estos trabajos que, en régimen de semiesclavitud, llevaron a cabo los presos de Franco significaron un magnífico negocio para empresarios y terratenientes, como ilustra muy bien el mejor estudiado de todos ellos, el de la construcción del Canal de Riegos del Bajo Guadalquivir, para regar los secanos sevillanos, que llevaron a cabo, entre 1940 y 1962,2.500 presos de los campos de trabajo de Los Mérmales, La Corchuela, Guillena o Las Marismas. Sin necesidad de invertir ni una peseta, y gracias al trabajo de los presos, los terratenientes andaluces consiguieron transformar sus latifundios de secano -más de 74.000 hectáreas- en tierras de regadío que dieron lugar a una agricultura intensiva y muy competitiva que nada tenía que ver con la que habían practicado sus padres y abuelos.10
El Patronato de la Merced remuneraba a sus presos, por este trabajo, con un jornal diario de dos pesetas, aunque descontaba de ellas 1,50 pesetas, que iban destinadas a la manutención de los mismos. Los penados tenían derecho a cuatro o cinco pesetas más si podían demostrar que sus mujeres e hijos menores de quince años carecían de medios para subsistir. Como el jornal oficial de un obrero manual era de 14 pesetas diarias, el Patronato ingresaba -para el caso de un preso con mujer y un hijo menor de quince años- 8,50 pesetas diarias. Además, regresaban a las arcas del Estado la peseta y cincuenta céntimos de la manutención, con lo que se producía un excedente de 10 pesetas diarias. Sólo con el «Canal de los Presos» de Sevilla, el Estado nuevo ahorró, como poco, doscientos millones de pesetas.
Es muy difícil calcular el monto total de las retenciones salariales efectuadas por el Estado durante todo el franquismo de guerra, pero parece que, entre 1939 y 1946, pudo ascender a cien mil millones de pesetas, a los que habría que añadir el «ahorro indirecto» que obtuvo el Estado en el mantenimiento de los presos, que rondaría los cinco mil millones de pesetas.11 Pero no se crea que el Patronato abandonó la finalidad principal para la que había sido creado: los penados podían «redimir» días de condena, normalmente dos por día de trabajo, aunque se conoce algún caso en que se llegó hasta seis días.12
Los, digamos, 150.000 republicanos que repasaron la frontera se encontraron con que la España de Franco había puesto en marcha una serie de fríos mecanismos que administraban el terror en un país que seguía estando en guerra, aunque ya no fuera la de las trincheras. Las leyes represivas se instrumentaron, el 26 de abril de 1940, en una «Causa general informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación» para proceder a la investigación de «cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados, lo mismo en el orden material que en el moral, contra las personas, contra los bienes, así como contra la religión, la cultura, el arte y el patrimonio nacionales».13
La «atribución de responsabilidades» supuso, en primer lugar, muerte, mucha muerte, con una sola intención: «la destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas … una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República».14 No conocemos, en su total dimensión, el alcance de esa operación. Disponemos, sí, de datos provinciales que indican que durante el franquismo de guerra se produjeron, como mínimo, 35.000 ejecuciones.15 Si se hace una proyección matizada que tenga en cuenta el mapa político de cada zona que falta por estudiar, y se toma en cuenta la enorme cantidad de expedientes incoados hasta octubre de 1941 (más de 125.000), es posible que la cifra de 50.000 ejecutados en la posguerra, que venía considerándose hasta ahora como probable por la mayoría de los historiadores, haya que corregirla al alza, hasta el punto de que la cifra de todos los ejecutados por «rebelión militar» desde el primer día de la guerra abierta hasta julio de 1948, más los que murieron por abandono, hambre o epidemia, puede superar en mucho los 200.000 y acercarse a los 250.000.16 No se pueden conocer, obviamente, las cifras de los asesinatos arbitrarios, los «paseos» y los ejecutados por la «ley de fugas», cuyos cadáveres fueron a parar a fosas anónimas que, desde hace unos años, están empezando a ser excavadas, en León y otras zonas, pero que pueden rondar los 30.000.17
Como hemos visto, al acabar la guerra abierta había, entre los diversos campos de concentración y los establecimientos penitenciarios, alrededor de medio millón de presos sometidos a torturas, castigos, trabajos forzados, hambre, enfermedades y muerte. Ni los campos ni las prisiones pretendían reinsertar a los penados en la sociedad: su principal función era la de destruirlos físicamente o, por lo menos, moralmente, para que renegaran de sí mismos, convirtiéndolos en revenidos sin decoro que purgaran su culpa en un limbo en la tierra. No fue ajeno a ello la agobiante presencia de capellanes y monjas. Las narraciones de los supervivientes y la historia oral nos revelan las dimensiones apocalípticas del castigo. Hubo campos de concentración, como el infame de San Marcos, en León, donde murieron más de 800 personas de hambre y de frío. En otros, como el de Albatera, en Alicante, el de la Granjuela en Córdoba, o el de Castuera en Badajoz, la muerte llegó con la mayor de las violencias, creando un circuito del terror con ejecuciones masivas o disparos azarosos que no siempre habían acabado con la vida de aquellos a los que se enterraba apresuradamente. La inanición, la epidemia, el suicidio eran otros tantos vehículos de la muerte en los campos.
El campo de Castuera estaba situado en una ladera, junto al pueblo. Rodeado de foso y alambradas, se convirtió en un infierno de muerte y desesperación. Todos los días, después de medianoche, los que habían de morir eran conducidos a unas minas próximas, abandonadas, y allí, tras tirotearlos, arrojaban sus cuerpos. Como algunos quedaban con vida los remataban con bombas de mano. No se sabe cuántos cadáveres reposan en unas minas que fueron cegadas para borrar las huellas de la barbarie.18
Y tras los campos, las cárceles. Como sabemos, el número de presos alcanzó, en 1940, la cifra oficial de 270.719 personas, entre presos políticos y comunes, de las cuales 2.828 estaban condenadas a muerte, casi 30.000 a cadena perpetua y otras 37.000 a largos años de privación de libertad.19 De hecho sólo 103.000 presos cumplían sentencia firme, porque «más de la mitad de los presos lo estaban por una medida administrativa».20
Todos los condenados políticos habían sido juzgados por tribunales militares en aplicación del Código de Justicia Militar, que por su artículo 237 les condenaba por el delito de «rebelión militar» en versión calderoniana: «En batallas tales, / los que vencen son leales, / los vencidos, los traidores». Aunque a primeros de mayo de 1939 se crearon en cada provincia auditorías de guerra, el régimen, para dar abasto a tanta justicia como quería, tuvo que crear diez auditorías de guerra provisionales y una multitud de juzgados militares que durante tres años no dieron abasto.21 Las sentencias de los consejos de guerra pasaban a las auditorías y de éstas, directamente, al teniente coronel togado Lorenzo Martínez Fuset, que se las daba a Franco, por cuyas diligentes manos pasaron todas las sentencias de muerte de aquellos tiempos.
El Caudillo solía leer las sentencias de muerte después de comer, a la hora del café, muchas veces acompañado de su asesor espiritual, el capellán José María Bulart. Franco procedía a anotar en los expedientes una «E» de enterado (que significaba ejecución de la sentencia), una «C» de conmutado (para los casos en que en la sentencia aparecía un «ojo» de algún capitán general o capitoste del régimen) o una acotación manuscrita de «garrote y prensa» (para los casos que debían tener un efecto-demostración). Tras el café, Martínez Fuset pasaba el tanto a los capitanes generales y éstos al gobernador militar, quien designaba juez para la notificación de la sentencia y ejecución de la pena. Luego, el gobernador militar enviaba un telegrama al director de la prisión con la relación de presos que debían ser ejecutados. Esta relación solía ser leída en voz alta, en las galerías, y algunos funcionarios encontraban satisfacción personal en pronunciar los nombres muy comunes, como José o Juan, hacer una larga pausa para mantener la tensión del auditorio y, luego, pronunciar silabeando el apellido del condenado. En la cárcel de mujeres de Amorebieta lo hacían las monjas oblatas.22
Los que se salvaron de la muerte tuvieron que soportar muchos años de cárcel en uno de los 500 establecimientos penitenciarios que existieron entre 1939 y 1940, en las peores condiciones que se puedan imaginar. El director de la cárcel Modelo de Barcelona, Isidro Castrillón López, definía así a sus presos: «Hablo a la población reclusa: tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda».23 Pero no se crea que el carcelero franquista exageraba. «La cárcel de Ocaña era una rumba de cientos de hombres, mujeres y niños.»24 Los que no morían ejecutados morían de hambre bajo una dieta compuesta exclusivamente por forraje: berzas, nabos, coles, vainas de habas… «Para beber nos daban cada tres días un poco de agua, la cantidad aproximadamente de un bote de leche condensada.» En la prisión de Albacete, en la sección de mujeres, sólo había un retrete para mil personas, de manera que se evacuaba en cubos que sólo eran retirados cada 24 horas. Las epidemias de tifus y disentería y las muertes por enfermedad e inanición son incontables. En la cárcel de Las Ventas se hacinaban más de mil mujeres, muchas con sus hijos pequeños, que sufrían disentería y estaban comidos de piojos:
El olor de aquella galería era insoportable. A las ropas estaban adheridas las materias fecales y los vómitos de los niños, ya que se secaban una y otra vez sin poderlas lavar. En aquellos momentos se había declarado una epidemia de tina, y ninguna madre, a pesar de la falta de medios para cuidarles, quería desprenderse de sus hijos y llevarles a una sala llamada enfermería de niños. Esta sala era tan trágica que los pequeños que pasaban a ella morían sin remedio, se les tiraba en jergones de crin en el suelo y se les dejaba morir sin ninguna asistencia.25
El poeta Miguel Hernández sufrió una neumonía en la cárcel de Falencia, una bronquitis en el penal de Ocaña y tifus y tuberculosis, de la que moriría, en la cárcel de Alicante. A lo largo de la década de los cuarenta, en las cárceles de Toledo se produjeron 680 muertes por enfermedad, 813 en Valencia, 240 en Alicante, 112 en Castellón, 367 en Jaén, 648 en Cataluña, 328 en Navarra, 335 en Asturias, 144 en Almendralejo… Cerca de 5.000 muertos por hambre y epidemias se han contabilizado en las cárceles de Franco.26
No sólo la muerte, el hambre y la enfermedad. La corrupción degradante apareció pronto en las cárceles, practicada por funcionarios de prisiones venales y por presos «de confianza». En el penal de la isla de San Simón, en Pontevedra, se llegó a los extremos de «vender» por dinero la libertad condicional a los que ya la tenían concedida, y aún peor: se creó allí un remedo macabro de la odiosa «redención en metálico» con lo que llamaron la «redención de la muerte», en la que los presos que conseguían dinero podían comprar su vida enviando a la muerte en su lugar a algún desgraciado sin relaciones, amigos ni familia. Estos hechos se descubrieron cuando la familia de un médico de Vigo trataba de reunir desesperadamente las 400.000 pesetas que les había exigido un funcionario para evitar la ejecución de su deudo.27
El argot policial y penitenciario dividió a los presos en «anteriores» (al 1 de abril de 1939) y «posteriores», detenidos por haber participado en la resistencia. Los «anteriores» fueron tratados con crueldad sumaria: «Eran unos métodos muy brutales, muy poco refinados, simplemente te apaleaban bárbaramente. Muchos se les quedaban entre las manos, muchos morían. Pero, a fin de cuentas, al tercer golpe perdías el sentido y se acababa la tortura», nos dice Marcos Ana. Sin embargo a los «posteriores», que tenían intencionalidad militante, se les aplicaron torturas más refinadas para que delataran a sus dirigentes o a sus cómplices, y que iban desde «la bañera» o «la rueda» hasta las descargas eléctricas, en un siniestro repertorio de la historia universal de la infamia. Petra Cuevas fue interrogada ante el mismísimo Arias Navarro: «En los dedos me enroscaron los cables como si fueran anillos y me enchufaban y volvían a enchufar con las manos empapadas en gasolina, para que la corriente diese más fuerte». Entonces la obligaron a hacer el saludo fascista y «como un surtidor, empezó a salir sangre de los dedos».28 Todos, «anteriores» y «posteriores», recibieron la visita de viudas de guerra acompañadas por falangistas que señalaban a los que creían culpables de la muerte de sus esposos. El participio «desaparecido», en función transitiva, no fue un invento del Cono Sur.
Los libros sobre la guerra civil están llenos de los nombre de los vencedores, pero no de los que levantaron los pesados bloques de piedra de la larga noche franquista. Tal vez valga la pena llenar aquí una sola página con una historia, no de las más siniestras, que vale por tantas otras igualmente trágicas: la de María Salvo. María fue detenida en Madrid, en septiembre de 1941, por participar en un intento –frustrado- de reorganización de la Juventud Socialista Unificada. Acababa de llegar del campo de concentración de Francia y disponía de poca información. En la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol fue torturada y apaleada hasta que la dejaron estéril. De allí fue trasladada al convento-prisión de Les Corts, en Barcelona, donde estuvo nueve meses incomunicada. Compartía con otras tres mujeres una pequeña celda del convento, un balde de agua diario para lavarse y una lata para hacer sus necesidades.
La alimentación que le daban -caldo de boniatos y coles del huerto- le provocó una colitis y le hizo contraer la tuberculosis. Una vez le levantaron la incomunicación, pudo pasar a la sala general de presas, donde todas dormían en el suelo, en un espacio de 50 centímetros por persona. Estaba cubierta de sarna y ya no sentía las picaduras de los piojos. En 1943 la trasladaron a la cárcel de Las Ventas, en Madrid, donde ocupó con otras nueve mujeres una celda «individual» en la que no podían acomodarse para dormir, ni tampoco lo hubieran conseguido por la proximidad del cementerio, desde donde llegaban los sonidos de las descargas de fusilería de los pelotones de ejecución. Hasta el 15 de diciembre de 1944 no compareció ante el consejo de guerra, que la condenó a 30 años de reclusión mayor. Fue trasladada a Segovia, donde estuvo hasta 1956, y de allí a Alcalá de Henares, donde pasó un año más. Perdió toda su juventud -de los veintiuno a los treinta y ocho años- en la cárcel, pero no la doblegaron: «Nosotros no éramos vencidos, sino derrotados. Vencidos son los que aceptan la situación y derrotados son los que se enfrentan a ella. Nosotros no nos conformamos nunca. Nunca lo aceptamos. Nunca».29
Como los «rojos» eran «criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano»,30 se pensó en investigar las raíces profundas de tanto mal. Antonio Vallejo Nágera, comandante del ejército, miembro de Acción Española y catedrático de psiquiatría de la Universidad de Madrid, se aplicó a ello fundando, en el verano de 1938, un gabinete de investigaciones psicológicas con el fin de estudiar «el psiquismo del fanatismo marxista» y estableciendo durante la guerra catorce clínicas psiquiátricas en zona nacional. Las investigaciones del comandante Vallejo le llevaron a concluir que la única forma eficaz de proteger a la sociedad de semejante amenaza era «la segregación total de estos sujetos desde la infancia», para lo que pedía la fundación de una Inquisición moderna que persiguiera «a plaga tan temible» para evitar la disolución racial de la Hispanidad. En consecuencia, los hijos de las presas que no estaban en las cárceles fueron tutelados por el franquismo para evitar que se convirtieran en «rojos». En 1943 había 12.042 niños y niñas que habían sido apartados de sus madres y entregados al Auxilio Social, a hospicios y a centros religiosos. Algunos de estos niños fueron entregados en adopción, tras cambiarles el nombre, a familias respetables.
