La cárcel abierta
Pese a que gran parte de España era un universo penitencial, quedaban muchas personas en los pueblos y en las ciudades que, trastornadas por las ejecuciones o desapariciones de sus familiares, angustiadas por la vida trashumante que nevaban mujeres e hijos de prisioneros a los que iban siguiendo por los distintos campos de concentración, o enfebrecidas por el hambre, la miseria y la desesperación, podían llegar a ser una amenaza para el buen orden castrense. Estaba claro que había que inventar una policía militar, aunque se la llamara de otra forma. «En el orden de la gobernación, es necesario crear el instrumento policíaco y de orden público del nuevo régimen, tan vasto y numeroso como exijan las circunstancias, ya que lo más oneroso para la nación sería la perturbación de nuestra paz interna, indispensable a nuestro resurgimiento», escribió Franco el 20 de diciembre de 1939.1
Aquel mismo mes se creó el Servicio de Información Especial Antimasónico y en marzo de 1940 fue promulgada la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que para Franco eran responsables, por lo menos, de la pérdida del imperio, de la guerra de Independencia, de las guerras carlistas, de la caída de la Monarquía y de los numerosos «crímenes de estado» de la época republicana. Durante muchos años, por medio de agentes, Franco recibió informes y copias de documentos secretos referentes a las actividades masónicas.2 El 29 de marzo de 1941 se promulgó la Ley para la Segundad del Estado que, entre otras cosas, castigaba la propaganda ilegal y el asociacionismo, la difusión de rumores que pudieran perjudicar al régimen o la convocatoria de huelgas, delitos que eran asimilados a la «rebelión militar». Más tarde, en abril de 1947, la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo, concebida específicamente contra la guerrilla y la oposición armada, vino a suponer otra vuelta de tuerca al potro donde yacían las libertades.3 Aunque era la autoridad militar, por supuesto, la encargada de aplicar estas leyes, también se responsabilizaría de que se cumplieran con todo rigor el cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer, todopoderoso ministro de la Gobernación, responsable de orden público y cabecilla de la Falange.
FET y de las JONS, que proporcionaba al régimen uno de sus variados disfraces ideológicos, había sido llamada por Franco a desempeñar un papel crucial en las redes de represión y control social. Tarea de Serrano Súñer era fijar los límites que no habían de traspasar los falangistas joseantonianos, los «camisas viejas», que no hacían más que ofender a los militares con sus consignas pseudorrevolucionarias. Como la interpretación de los famosos 26 puntos de Falange era «imperativo indeclinable y exclusivo del Caudillaje», el 31 de julio de 1939 Franco promulgó un decreto sobre los estatutos de Falange Española cuyo artículo 11 decía textualmente: «Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe [es decir, Franco] asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia». El artículo 42 establecía que Franco designaría directamente a su sucesor. Serrano Súñer fue nombrado presidente de la Junta Política y el general Muñoz Grandes secretario general en sustitución del «camisa vieja» Fernández Cuesta, que fue enviado como embajador al Brasil. Eliminada o apartada la vieja guardia de Falange, el partido ya estaba en condiciones de acometer su nueva responsabilidad.
El organigrama de Falange era muy adecuado para la función que se le encomendaba. El jefe nacional -Franco- designaba a quienes iban a constituir el Consejo Nacional, militares de su total confianza, neofalangistas dispuestos a obedecerle ciegamente y algunos «camisas viejas» domesticados. El Consejo Nacional nombraba sólo a la mitad de los miembros de la Junta Política, porque la otra mitad también la designaba Franco. Franco era también el que nombraba al jefe provincial de Falange, que, a partir de 1941, simultanearía el cargo con el de gobernador civil, y que, a su vez, nombraba a los jefes y secretarios locales de todas las ciudades y pueblos de España. El partido tenía en 1939 unos 650.000 afiliados, que prácticamente se duplicaron en 1945 y que coparon todos los puestos de la administración del Estado, lanzando sus prietas filas a controlar la universidad, los sindicatos, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, la prensa y la propaganda. La inmensa burocracia falangista y sus modos de actuación fascistoide le recordaban al cónsul del Reino Unido en Madrid, a comienzos de 1940, una administración colonial: «la Falange desempeña casi el mismo papel que la administración europea en una colonia africana».4
El 23 de septiembre de 1939 se creó el Sindicato Español Universitario (SEU), en el que estaban obligados a integrarse todos los estudiantes de la Universidad y de las escuelas técnicas superiores. Sus rectores, nombrados por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, eran «jefes de la Universidad y delegados del Gobierno». En diciembre de 1940 se creó el Frente de Juventudes y se promulgaron las leyes de Unidad Sindical y de Bases de la Organización Sindical que completaban la de 29 de septiembre de 1939, que había otorgado a la Falange el patrimonio «de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas». La clase obrera, que ya se había quedado sin líderes, no tenía ahora ni patrimonio ni lugar alguno donde reconocerse.
En manos falangistas, la Organización Sindical agrupó a los españoles en un inmenso cuerpo de ejército cuyo estado mayor era la Delegación Nacional de Sindicatos y su general en jefe, Franco. Las empresas, regidas por normas cuasimilitares, eran como cuarteles donde el patrón, como si fuera el coronel de un regimiento, tenía unas atribuciones disciplinarias excepcionales. El orden castrense impregnó de tal modo la mentalidad patronal que, en 1947, los empresarios se opusieron a la constitución de los «jurados de empresa» por considerarla «una innovación peligrosa».5
Encuadrados así los «productores», había que organizar, también, la vida de quienes no producían y, además, no debían producir: las mujeres. Para ello estaba la Sección Femenina, que tuvo su origen en la red de comedores del Auxilio de Invierno (copiado de la Winterhilfe alemana), fundado durante la guerra por la viuda de Onésimo Redondo, Mercedes Sanz Bachiller. A partir de la primavera de 1937, el Auxilio de Invierno se denominó Auxilio Social, que reproducía ahora las características básicas del Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, fundado por Goebbels.6 En diciembre de 1939, Franco ordenó que la organización de Sanz Bachiller se fusionara con la Sección Femenina de Falange, que capitaneaba Pilar Primo de Rivera, la hermana del «Ausente».7
Mercedes y Pilar no se entendieron, la primera dimitió y la segunda pudo llevar a cabo su ideario, caro a Franco, que consistía en encuadrar y formar a las mujeres españolas en aquellas tareas que les eran propias, es decir, el cuidado del hogar y de la familia y la subordinación de la mujer al marido, identificado de forma mística con Franco o José Antonio.8 En realidad, la tarea básica que desempeñó la Sección Femenina fue controlar a las mujeres para educarlas en los principios del Movimiento. La obligación que tuvieron todas las mujeres españolas de servir durante seis meses en el servicio social no dejó de observarse hasta bien entrados los años 60. Auxilio Social no desapareció hasta la muerte de Franco. En 1960 aún acogía a 69.000 niños distribuidos en 372 instituciones, y daba de comer a 62.000 personas en sus 1.160 comedores.9
Pero si la derrota de los vencidos había de ser realmente ejemplar, la acción represiva no podía quedarse sólo en el exterminio, la violencia física, la privación de libertad, la explotación o el control social, acciones todas, al fin y al cabo, referidas a lo material. Había que someter también el alma, y el alma, como es sabido, sólo es de Dios.
Tras restituir a la Iglesia todos sus bienes, Franco le concedió una generosa dotación económica, exenciones fiscales, un estatuto excepcional para sus órdenes religiosas, un fuero de asociación específico, competencia exclusiva en las causas matrimoniales, un calendario de festividades litúrgicas y… el monopolio de la enseñanza primaria y secundaria. Juan Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional hasta 1951, había sido diputado de la CEDA por Murcia en 1933. Procedía de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y era un devoto hijo de la Iglesia. En nombre de ella, Ibáñez Martín depuró a conciencia a miles de maestros y a centenares de profesores de enseñanza media.
Sus principales colaboradores fueron Tiburcio R. de Toledo, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Primaria, y José Pemartín, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Media y Superior, que empaparon a los niños en una moral religiosa tridentina para contrarrestar la acción educativa, laica y normalmente liberal, de los maestros de escuela. El «maestro nacional» republicano, execrado por militares y falangistas,10 había sido el gran competidor del clero secular y regular, forzado a contemplar impotente desde la instauración de la República cómo aquél desmontaba los dogmas religiosos y denunciaba la corrupción del clero, arrancando del seno de la Iglesia a sus futuros hijos. Ya en abril de 1937 se había denunciado que: en casi todos los pueblos en donde estalló la revolución, como en la generalidad de todos los de España, el agente soviético más eficaz era el maestro de escuela. Alguien le ganaba la infame partida, superando las malas artes de su venenosa faena: la maestra.11
La cuarta parte del cuerpo de magisterio, unos 15.000 maestros, fue purgada. De éstos, unos 6.000 sufrieron inhabilitación total, 3.000 fueron suspendidos temporalmente y a otros 6.000 se les revocó la plaza y tuvieron que extrañarse.12 En Lugo fueron depurados prácticamente todos los maestros que no habían dado «su última lección».13 No sólo se persiguió a los vivos: en mayo de 1941, la Comisión Depuradora de Madrid expulsó del cuerpo de catedráticos de instituto a don Antonio Machado, cuyos restos descansaban ya en Collioure, y no se le reincorporó hasta el 31 de diciembre de 1981.14 La venganza de la Iglesia fue tal que si en 1940 había en España 119 institutos de enseñanza media, en 1956 seguía habiendo 119. Todo el incremento del alumnado que se produjo en esos 16 años fue a parar a los centros religiosos.
La enseñanza universitaria quedó, como hemos visto, en manos de la Falange, pero dado el carácter público de la Universidad española, «difícilmente podía enseñar doctrinas contrarias a la Iglesia».15 Entre los profesores universitarios el castigo afectó al 33 por 100, pero llegó, en el caso de Barcelona, hasta el 44 por 100, y fueron depurados en total unos 1.100. 16 Los pocos intelectuales que no se exiliaron fueron perseguidos con la cárcel o con sanciones ejemplares, aunque poco podían hacer en un país que había recuperado como guías del pensamiento a Jaime Balmes, a Donoso Cortés, al peor Menéndez Pelayo o al beato Diego José de Cádiz. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas creado por Franco se proponía «la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo XVIII».
En la cruzadilla por entroncar con el pasado imperial, se reivindicó el siglo de oro, la arquitectura herreriana, los imagineros barrocos, el paisaje castellano, la música sacra, Velázquez, El Greco, los místicos, y se abjuró de todo vanguardismo estético, que vino a ser el enfúrtete Kunst del franquismo. El expurgo de libros, la sotanización de la enseñanza y la represión contra catedráticos, maestros e intelectuales trataba de erradicar la tradición republicana y liquidarla como espuria y antiespañola. Sobre todo en cuanto era deudora de la Institución Libre de Enseñanza, hete noire del catolicismo integrista, para quien la Institución era hija de la masonería y del judaismo. Ya lo había dicho Pemán: «El Estado … reservaría toda su dureza depuradora a todos los intelectuales que habían optado por lo antinacional, lo masónico, lo judío o lo marxista». Para ello podía contar con la ardorosa colaboración de gentes como Enrique Súñez, que se proponía a sí mismo como chivato y verdugo: «Busco señalarlos con el dedo [a los hombres de la Institución] delatando con todo valor, duramente, sin eufemismos ni atenuaciones, sus turbias actividades».17
Desde marzo de 1937, cuando se había creado la Junta Nacional de Censura Cinematográfica, las películas vinieron a añadirse al control que, supervisado por militares, ejercían los sacerdotes sobre libros, revistas y obras de teatro desde la Ley de Prensa de 1938. Los censores eclesiásticos y militares desmontaron bibliotecas, requisaron libros de particulares con los que hicieron hogueras 18 y prohibieron la difusión de una buena parte de la cultura universal. El expurgo de libros se hizo a conciencia. Como no se trataba sólo de quitar de en medio los textos marxistas, ácratas o liberales que tantas desgracias habían traído a España, sino que había que arrancar el mal de allí donde había anidado y crecido como un cáncer, se prohibieron prácticamente todos los libros menos los religiosos.19
La Iglesia española tuvo una presencia constante y una complicidad inolvidable en todos los órganos educativos, laborales, sociales, penales y legislativos de la nueva España, a través de los capellanes castrenses, de los sacerdotes y frailes en la enseñanza, de curas y monjas en los hospitales y en las cárceles, de consiliarios en el sindicato único y de obispos, elegidos por Franco, en las Cortes. Toda España era, en palabras de Eva Perón, un enjambre de «sotanudos y chupahostias».20
Los derrotados que tuvieron la fortuna de no ir a parar ni a los campos ni a las cárceles, se vieron enfrentados a sanciones de tres tipos: las «restrictivas de la libertad», que suponían una inhabilitación a perpetuidad o por muchos años en las carreras y profesiones de los sancionados; las «limitativas de la libertad de residencia», que comportaban el destierro o la «relegación a nuestras posesiones africanas», y las económicas, que llevaban aparejadas la pérdida de los bienes y el pago de sanciones elevadas.
Para aplicar estas sanciones, los jueces instructores se basaban en los informes que sobre el acusado proporcionaban el jefe local de Falange, el cura párroco o el comandante de puesto de la Guardia Civil, los cuales, a su vez, los recibían de quienes, muchas veces, se movían por el odio, la codicia o la simple venganza. Había habido demasiados muertos, la vida era muy dura y un puesto en la administración del Estado podía significar comer caliente todos los días. «Minorías de celantes movidos por la envidia, el resentimiento, la pequeñez y el arribismo se apresuraron a ocupar los puestos que quedaron vacantes por la depuración o el exilio, o a multiplicar cargos y sinecuras aduciendo su calidad de ex combatientes.»21
La participación del común en el terror fue espoleada por falangistas, militares y sacerdotes. Las autoridades establecieron en muchos casos centros de recepción de denuncias a cuyas puertas se formaron colas de ciudadanos deseosos de colaborar. Se exhortaba a denunciar no sólo por cumplir un deber patriótico, sino porque el que no lo hacía podía incurrir en la pena correspondiente al delito de encubrimiento, y hasta se facilitaron modelos impresos de delación para los funcionarios públicos. Los porteros de los inmuebles fueron convertidos en esbirros de la policía que les obligó a pasar información sobre los «sospechosos» y denunciar a los que no asistían a misa los domingos. En la iglesia, los curas predicaban la vigilancia constante ante las obras y las pompas de Satanás. Había que exorcizar una especie de espíritu abstracto del mal, al que los periódicos se referían como la «sexta columna», una suerte de sexto sentido subversivo. Los derrotados tuvieron que mendigar en un medio hostil, pródigo en humillaciones, informes y avales de jerifaltes civiles y eclesiásticos que les pusieran a cubierto de los «verdugos voluntarios» de Franco.22
Pero ahí no terminaba todo, nunca terminaba. Había que sobrevivir y luchar para encontrar un medio de subsistencia. A los desafectos al régimen, que habían sido expulsados de la administración pública y de las empresas privadas, no se les daban permisos para montar pequeños negocios, todas las oposiciones y concursos estaban restringidos a los vencedores, así como el 80 por 100 de las plazas disponibles tanto para empresas públicas como privadas que eran para los mutilados (del ejército de Franco, claro), los alféreces provisionales, los ex combatientes, los ex cautivos, las viudas y los huérfanos de víctimas de los «rojos»… Además, para encontrar trabajo era preciso disponer de un certificado de buena conducta de un integrante de las fuerzas vivas.
Privadas de un ingreso, muchas familias de derrotados tuvieron que emigrar de los pueblos, donde eran conocidas, a las ciudades, y otros muchos, de las ciudades a pueblos donde vivían familiares con alguna huerta o medio de vida que pudieran darles de comer.23
Los traslados, las enfermedades, las privaciones y el hambre se sumaron a las trágicas condiciones sanitarias de pueblos y ciudades para hacer la vida aún más precaria. Toledo, por ejemplo, careció de agua corriente hasta noviembre de 1948, y cuando llegó a la ciudad lo fue «gracias a la intervención activa y directa del Caudillo, que ha resuelto al fin este arduo problema de Toledo que no consiguieron resolver ni iberos, ni romanos, ni árabes..,».24 En su discurso de inauguración, Franco admitió que «900 poblaciones importantes esperan aún la traída del agua de la mano generosa del régimen». En semejantes condiciones, no es de extrañar que de la mano generosa del régimen lo que llegara fueran enfermedades epidémicas, que hicieron verdaderos estragos
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