Zona republicana
Aunque el levantamiento de los militares fragmentó al país en un mosaico de luchas regionales, no fue esa la razón principal del colapso del Estado republicano. La quiebra se produjo, en parte, a causa de la desastrosa respuesta del Gobierno central a la crisis, tal vez consecuencia de la inevitable parálisis de un gobierno de centro-izquierda que tenía que enfrentarse, a la vez, con una revuelta militar, de un lado, y con una revolución defacto, de otro. La mayoría de sus funcionarios, desde el cuerpo diplomático hasta las fuerzas de seguridad, en el fondo simpatizaban con la rebelión.
En consecuencia, la CNT y la UGT, que habían sobrellevado el peso principal de la lucha, se dispusieron a reorganizar el Estado español según sus respectivas ideas revolucionarias. Con la sola excepción del País Vasco: «La situación allí no es revolucionaria. La propiedad privada no se pone en cuestión».1 El número de miembros de las dos organizaciones creció espectacularmente durante aquellas semanas, en parte por la admiración que despertaban sus acciones, pero sobre todo por razones oportunistas, ya que ahora las centrales sindicales tenían el poder. Pronto llegaron a la cifra de dos millones de afiliados cada una, cifra asombrosa si se tiene en cuenta el territorio perdido a manos de los rebeldes. También crecían con rapidez el POUM y mucho más, el PCE, que en los primeros ocho meses de la guerra llegó a tener 250.000 militantes. El mayor número de adhesiones al Partido Comunista procedía de republicanos de clase media que se sentían atraídos por el disciplinado enfoque antirrevolucionario del partido, hombres ambiciosos, seguros de medrar y gentes temerosas de ser detenidas como simpatizantes de los nacionales.
Durante los primeros días del levantamiento, Madrid tenía todo el aire de una ciudad en plena revolución, en contraste con su posterior aspecto de una ciudad simplemente en guerra. Por las calles pululaban milicianos de la UGT y la CNT que comprobaban la identidad de la gente. Su vestimenta habitual consistía en un mono azul oscuro -el típico traje de faena de los mecánicos-, brazaletes y pañuelos al cuello con los colores de su afiliación política: negro y rojo para los anarcosindicalistas y rojo para socialistas y comunistas. La falta de tiempo para afeitarse, o la desgana, daba a sus rostros un aire patibulario. Nadie iba a ninguna parte sin su fusil: «Jóvenes ociosos, en vez de combatir en la trinchera, lucían por las calles arreos marciales, el fusil en bandolera».2 La negativa inicial del Gobierno a entregarles armas, que había producido en ellos un profundo sentimiento de impotencia ante los militares sublevados, les había marcado profundamente. Esa absoluta desconfianza les llevó a esconder una gran cantidad de armas durante los primeros meses de la lucha. Las encerronas de que habían sido víctimas en Oviedo o en San Sebastián les hacían recelar ante la posibilidad de que aparecieran, todavía, nuevas sorpresas.
En Madrid, la UGT era aún la organización sindical más poderosa, aunque la CNT crecía constantemente a sus expensas. Chicas con los colores rojo y azul de las Juventudes Socialistas pedían dinero para el Socorro Rojo Internacional, animadas por la nueva libertad que les permitía dirigirse a cualquiera sin ser mal vistas. Asimismo aparecían en las calles escolares con el uniforme de Jóvenes Pioneros (un remedo español del Komsomol), marchando en columnas de a dos y entonando eslóganes con voz monótona, como quien recita la tabla de multiplicar. Los periódicos extranjeros fijaban su atención en que habían desaparecido casi por completo, en las calles de Madrid, las americanas, los cuellos y corbatas típicos de la clase media, aunque probablemente el espantoso calor de aquel verano contribuyó mucho a la nueva informalidad. Como es obvio, los simpatizantes de los nacionales hacían cuanto podían por confundirse con el resto de la gente cuando salían a la calle, y los neutrales, en un clima de sospecha generalizada, nadaban y guardaban la ropa.
Una vez que la mayor parte de los milicianos abandonó la ciudad para dirigirse a los distintos frentes, el aspecto revolucionario de Madrid comenzó a disiparse. Reaparecieron por las esquinas los sempiternos mendigos y tullidos y pronto volvieron a abrir sus puertas los restaurantes caros y los comercios de lujo. La guerra podía estarse librando en otro planeta. Tan sólo los periodistas que llenaban los cafés y los bares de los hoteles de la Gran Vía parecían saber que la capital de España estaba en el corazón de los acontecimientos. Pero la situación económica se deterioraba sin remedio. Al escasear el dinero, los sindicatos comenzaron a emitir «vales» que, cuando la situación amenazaba con volverse caótica, fueron asumidos por el Ayuntamiento, obligado a facilitar medios de subsistencia a una población que cada día vivía con mayor precariedad.
El estallido de la guerra hizo que los obreros españoles pusieran sus esperanzas en el exterior buscando «apoyo internacional contra el fascismo» y en el interior buscando el apoyo exclusivo de la comunidad local. En cada ciudad y en cada pueblo se constituyó un «comité revolucionario» que representaba el equilibrio de fuerzas de la comunidad y era responsable de organizar todo lo que antes era competencia del Gobierno y de las autoridades locales. Junto a la frontera pirenaica, milicianos anarquistas vestidos con el mono azul patrullaban junto a los carabineros uniformados convencionalmente para controlar los pasaportes. Quien decidía si un extranjero podía entrar en el país era el comité de fronteras y no los representantes del Gobierno, como pudo comprobar personalmente el historiador Eric Hobsbawm cuando, aprovechando un viaje al sur de Francia, atravesó la frontera y llegó hasta Puigcerdá. Allí fue detenido por los milicianos, quienes le devolvieron, sin muchos miramientos, a Francia.3
Los comités locales se ocupaban de todos los servicios básicos. Dispusieron hoteles, casas privadas y locales comerciales para ser utilizados como hospitales, escuelas, orfanatos, alojamiento de milicianos y puestos de mando. En Madrid el Hotel Palace, uno de los mayores de Europa, pasó a convertirse en orfanato para albergar a los huérfanos de la represión de los nacionales en el suroeste, y el Ritz en hospital militar.4 Además, los comités crearon sus propias fuerzas de seguridad para detener a los responsables de los asesinatos ocasionales perpetrados por razones personales so capa de «operaciones antifascistas». La justicia pasó a manos de los tribunales revolucionarios, cuyos procedimientos mejoraron los fraudulentos juicios de los primeros días. A los acusados se les permitía asistencia legal y que pudieran llamar a testigos, aunque la situación variaba mucho y en algunos lugares la justicia siguió siendo una farsa grotesca. Una vez que los temores iniciales de las primeras semanas comenzaron a disiparse, las condenas a muerte escasearon.
En Asturias la CNT puso en pie el comité de guerra de Gijón. La fuerza de los anarcosindicalistas procedía allí de los estibadores, marineros y, sobre todo, de los pescadores, quienes organizaron una cooperativa que atendía a todos los aspectos de su industria. Los pescadores de Aviles y Gijón colectivizaron su equipo, los muelles y las fábricas de conservas.5 La UGT era más fuerte en el interior, en los valles mineros. Durante un par de meses las dos zonas, separadas por menos de 40 km, actuaron independientemente. Entre ellas se encontraba atrapado Aranda, que resistía en Oviedo.6 Con el tiempo, el comité de la UGT se fusionó con el de los anarquistas y un socialista fue nombrado presidente del consejo conjunto. En Santander, sin embargo, los socialistas se hicieron con el comité de guerra, ante las protestas de los anarquistas que censuraban sus «maneras autoritarias».
En el País Vasco las cosas eran muy distintas. Mientras actuaban las juntas de defensa -en las que el PNV siempre anduvo a la greña con anarquistas y comunistas- se negociaba con el Gobierno central el Estatuto vasco, que fue aprobado finalmente por las Cortes el 1 de octubre. Los concejales de la zona vasca leal a la República debían elegir al presidente o lehendakari. El 7 de octubre, en Gernika, y tras el solemne juramento bajo el roble, José Antonio Aguirre, del PNV, 7 fue elegido para el cargo. Inmediatamente formó un gobierno vasco de coalición entre el PNV y las fuerzas del Frente Popular, compuesto por cuatro consejeros del PNV, tres del PSOE, uno de ANV, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana y uno del PCE. Desde entonces, la actitud pendular del PNV, siempre a caballo de su esquizofrenia entre permanecer fiel a la República, que le garantizaba el Estatuto de Autonomía, o posicionarse a favor de los rebeldes, más afines a ellos en su concepción social, económica y religiosa de la vida, iba a ser una china en el desastrado zapato de la República española.
Los anarquistas, que eran fuertes en San Sebastián y en las comunidades de pescadores, ni pidieron ni se les ofreció ningún papel en la administración del país. Los nacionalistas vascos establecieron un rígido control con su milicia paramilitar, el Euzko Gudarostea, que excluyó a izquierdistas y no vascos. Sin embargo, tanto la CNT como la UGT constituyeron más tarde sus propios batallones para luchar en el ejército de Euskadi.
De todos los movimientos regionales que pugnaban por el autogobierno, el más extraordinario y el más importante tuvo lugar en Cataluña. Al periodista John Langdon-Davies, Barcelona le parecía entonces «la ciudad más extraña del mundo, donde el anarcosindicalismo es el sostén de la democracia, los anarquistas mantienen el orden y los filósofos apolíticos ejercen el poder».8 Al anochecer del 20 de julio, Juan García Oliver, Buenaventura Durruti y Diego Abad de Santillán se encontraron con el presidente Companys en el palacio de la Generalitat, llevando aún consigo las armas que habían utilizado aquella mañana en el asalto a las Atarazanas. Llegaban de una reunión improvisada a la que habían asistido más de 2.000 representantes de las federaciones locales de la CNT, unos ávidos por establecer inmediatamente el comunismo libertario, otros deseosos de acabar primero con la rebelión de los generales.
El presidente de la Generalitat había defendido desinteresadamente a muchos anarquistas cuando ejercía como abogado laboralista. Su simpatía hacia los libertarios era muy poco usual entre los nacionalistas catalanes, que a veces se referían a ellos con el abusivo epíteto de «murcianos», ya que la mayor parte de la fuerza anarquista estaba constituida por obreros inmigrados a Cataluña, muchos procedentes de Murcia, de donde habían llegado en los años veinte para trabajar duramente, en condiciones mucho más favorables a la patronal que los obreros catalanes «conscientes», en la construcción del ferrocarril metropolitano transversal. Durante aquella reunión, cornpanys, con gran sentido práctico y visión de la realidad, reconoció que la ciudad estaba en manos de los anarcosindicalistas y que lo único que podía hacer era tratar de conservar las instituciones, aunque, al principio, fuera un paripé. Aunque algunos políticos catalanes lo desmintieron posteriormente,9 parece que Companys dirigió a los jefes confederales las palabras siguientes:
Ante todo he de deciros que la CNT y la FAI no han sido nunca tratadas como se merecían por su verdadera importancia. Siempre habéis sido perseguidos duramente. Y yo, con mucho dolor, pero forzado por las realidades políticas, que antes estuve con vosotros, después me he visto obligado a enfrentarme y perseguiros. Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas, y espero que no os sabrá mal que en este momento os recuerde que no os ha faltado la ayuda de los pocos o muchos hombres leales de mi partido y de los guardias y mozos … Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Si, por el contrario, creéis que en este puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante, puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio ser útil en esta lucha … podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre y de político que está convencido de que hoy muere todo un pasado de bochorno y que desea sinceramente que Cataluña marche a la cabeza de los países más adelantados en materia social.10
Fueran éstas u otras parecidas las palabras que utilizó Companys para llegar a un acuerdo con los jefes anarquistas, su actitud de fondo era inequívoca, una actitud que Azaña iba a calificar más tarde, con cierta paranoia, de «conspiración para abolir el Estado español», cuando al presidente catalán no le quedaba otra alternativa. Las fuerzas del orden republicano en Barcelona ascendían a unos 5.000 hombres de la Guardia de Segundad y Asalto, y los acontecimientos que acababan de producirse en otros lugares de España habían dejado bien a las claras el peligro que representaba depender enteramente de ellas. El ejército regular de Barcelona había dejado de existir, ya que muchos de los oficiales rebeldes habían sido detenidos o ejecutados y los soldados estaban en sus casas o habían marchado al frente como milicianos.
Por su parte, los anarquistas contaban quizá con unos 100.000 miembros sólo en Barcelona y sus alrededores, armados con unos 40 000 fusiles y pistolas procedentes del cuartel de Sant Andreu y de los saqueos. Hubiera sido una necedad que Companys se enfrentara a ellos justo en el momento en que se encontraban en el climax de su poderío y de su popularidad. Además, los anarquistas eran sus mejores aliados contra los intentos recuperacionistas del gobierno de Madrid. Companys expresaba la situación con claridad meridiana: «Traicionados por los guardianes de la ley y el orden, hemos recurrido al proletariado para que nos proteja».
El presidente de la Generalitat había puesto a los anarquistas frente a un dilema crucial: o establecían el poder anarquista con todas sus consecuencias, o colaboraban con el Gobierno y con los partidos. Son conocidísimas las palabras de García Oliven «comunismo libertario, que era igual a dictadura anarquista, o democracia, que significaba colaboración».11 Al final, no se decidieron por ninguna de las dos alternativas. Los anarquistas estaban, en realidad, en situación de desmontar todo el aparato de la Generalitat, pero optaron, finalmente, por colaborar con ella. Diego Abad de Santillán lo explica diciendo que los anarquistas rechazaban por principio cualquier dictadura, incluida la suya.12
En el célebre congreso de la CNT celebrado en Zaragoza siete semanas antes, se había pedido una alianza revolucionaria de toda la clase obrera y se había acordado que cada filosofía política debía desarrollar «la forma de coexistencia social que más le convenga», lo que significaba trabajar codo con codo con otras formaciones políticas, con respeto mutuo a las diferencias de cada uno. Aunque honrada, aquélla era una idea simplista, porque la sola mención de control obrero y autogestión era anatema tanto para los republicanos burgueses como para los comunistas. Éstos, con el tiempo, ganarían la partida a los anarquistas forzándolos a renunciar a una gran parte de sus principios, expulsándolos, además, de todos los órganos decisivos de poder, lo que supuso, en buena parte, que el programa económico y social defendió históricamente por los anarquistas, por utópico que fuese, nunca se llevara a cabo.13
Aunque los dirigentes confederales que se reunieron en el despacho de Companys, a los que se habían ofrecido las llaves del reino hubieran podido prever el futuro, su elección no hubiera sido más fácil. En teoría, tenían en sus manos la posibilidad de convertir a Cataluña y Aragón en un no-Estado independiente de la noche a la mañana, pero también era evidente que la realización inmediata del comunismo libertario conduciría inexorablemente al enfrentamiento con republicanos y socialistas. Además, Cataluña se vería sometida a un boicot internacional y a un aislamiento político y económico del resto de España que no podría sino favorecer a los militares rebeldes. Así que propusieron un control conjunto de Cataluña con otros partidos, y el 21 de julio se constituyó el Comité Central de Milícies Antifeixistes. Aunque los anarquistas eran mayoría, jugaron la carta de respetar el derecho de las minorías creyendo, ingenuamente, que allí donde ellos estaban en minoría (las partes central y septentrional de la zona republicana) obtendrían un trato similar. De los quince puestos del comité los anarquistas sólo ocuparon cinco: tres representantes de la CNT (Durruti, García Oliver y Asens) y dos de la FAI (Abad de Santillán y Aurelio Fernández).14 De todas formas, hay que recordar que Durruti y otros muchos dirigentes anarquistas ya el día 23 salieron de Barcelona hacia el frente de Aragón.
Durante los primeros días, el Comité Central de Milícies Antifeixistes se ocupó literalmente de todo, desde la creación de columnas para enviar al frente, la seguridad y los servicios básicos hasta la atención social. La Generalitat no era más que un gobierno de iure, un «artefacto meramente formulario», en palabras de Ossorio y Gallardo.15 Sus consejeros podían hacer cabalas y diseñar proyectos, pero poco tenían que ver con lo que en realidad se llevaba a la práctica. Tal vez la Generalitat no había perdido el poder, pero sí toda la capacidad de iniciativa política.16 Apenas dominada la rebelión militar, Juan García Oliver y Eugenio Vallejo dirigieron la reconversión de las industrias tradicionales en industrias de guerra, mientras que la Generalitat no nombró su propia comisión de industrias de guerra hasta agosto y, durante un tiempo, tuvo escasa influencia.
Sin embargo, la CNT no fue capaz de controlar la economía y las finanzas de Cataluña, que quedaron en manos de la Generalitat del sindicato de empleados de banca de la UGT, que controló las operaciones interbancarias e impidió, en la medida de sus posibilidades, la fuga de capitales.17 Los bancos de Cataluña nunca se nacionalizaron, pero su potencial económico, sin el concurso del gobierno de Madrid, empecinado en negar créditos a Cataluña, fue escaso.
Las contradicciones del poder político iban a poner en un aprieto a los anarquistas. Por ejemplo, en su manifiesto de 1917 habían condenado todo aquello que podía embrutecer al pueblo, como las corridas de toros o los cabarets. Pero si actuaban como censores dictatoriales, sus más íntimas convicciones se venían abajo. Mientras tanto, las Mujeres Libres, las feministas anarquistas, que llegaron a contar con 30.000 miembros,18 pegaban carteles en las paredes del barrio chino para convencer a las prostitutas de que abandonaran su modo de vida. Ofrecían y dirigían cursos para ex prostitutas con el fin de que adquirieran los conocimientos necesarios para el trabajo productivo. Otros anarquistas, sin embargo, no eran tan pacientes. Según Kaminski -un periodista francés simpatizante de los ácratas-, fusilaban en el acto a los chulos y a los traficantes de drogas.
Un fenómeno notable fue el surgimiento espontáneo de un movimiento de mujeres tras las elecciones de febrero. No nació de la literatura o de las teorías feministas procedentes del exterior (con excepción, quizá, de alguna traducción de Emma Goldman), sino del sentimiento instintivo de las mujeres de que la desaparición del sistema de clases iba a significar también el fin del sistema patriarcal. Los anarquistas habían declarado siempre su creencia en la igualdad de todos los seres humanos, pero la organización Mujeres Libres, que creó un sindicato de mujeres en la alimentación y el transporte de Madrid y Barcelona, estaba convencida de que el sistema de relaciones de género seguía siendo «feudal».
Uno de los fracasos más clamorosos de los anarquistas para llevar a cabo en la práctica los ideales que profesaban fue el diferente nivel salarial de hombres y mujeres en la mayoría de las empresas colectivizadas por la CNT (las mujeres cobraban alrededor del 20 por 100 menos que los hombres). No disponemos de cifras seguras, pero es posible que, pese a toda la propaganda dirigida específicamente a las mujeres llamando a combatir al fascismo, no llegara a haber 1.000 en el frente. Había, eso sí, varios miles en armas en la retaguardia, y es sabido que en la defensa de Madrid tomó parte un batallón compuesto enteramente por mujeres. En realidad, poco se había avanzado fuera de las ciudades aunque, al principio, las mujeres fueron a combatir al frente en pie de igualdad con los hombres (el embajador alemán no daba crédito a sus ojos cuando un día Franco ordenó ejecutar a unas milicianas capturadas y, luego, siguió almorzando tranquilamente). Estos avances hacia una participación igualitaria fueron cercenados por la dirección, cada vez más autoritaria, del esfuerzo de guerra, al paso que se deterioraba la situación militar. Hacia 1938 la propaganda republicana había dado un vuelco de 180 grados y las mujeres habían vuelto a desempeñar un papel estrictamente auxiliar que, poco a poco, las fue acercando a su rol tradicional.19
La actitud de la gente hacia la propiedad inmobiliaria fue descrita explícitamente por Kaminski: «Se inclinan por destruir símbolos, pero respetan de una forma que a veces parece exagerada e ingenua todo aquello que les parece útil». Edificios religiosos, monumentos patrióticos y la cárcel de mujeres fueron demolidos o incendiados, pero los hospitales y las escuelas fueron preservados casi con la misma reverencia con que los nacionales respetaban las iglesias.
El gobierno liberal republicano de 1931-1933 había emprendido con gran ímpetu la transformación de España en un Estado moderno, unificado y liberal partiendo de un cambio radical en la educación y la cultura de los españoles, con acciones imaginativas y solventes tales como las Misiones Pedagógicas impulsadas por Manuel Cossío. Los intelectuales republicanos, krausistas de segunda o tercera generación muchos de ellos, procedían del madrileño Instituto-Escuela y de la Junta para la Ampliación de Estudios. Para ellos, el problema de España era de maestros y escuelas, de lectura formativa y de tradición cultural. Así que tomaron una serie de medidas para reducir la influencia de la Iglesia católica en la enseñanza primaria, que había sido su chasse gardée desde tiempo inmemorial.20 Para los dirigentes republicanos, los maestros no sólo habían de ser enseñantes, sino también agentes de promoción cultural. La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) agrupó a la mayoría de los maestros y desplegó una serie de iniciativas culturales tanto en el frente (colaborando con las Milicias de la Cultura) como en la retaguardia, combatiendo el analfabetismo, organizando colonias infantiles y estableciendo programas de extensión cultural.21
